Empresarios pymes, sindicatos y el Gobierno bonaerense tras el caso Mayol

Esta semana, en la Delegación Lobos del Ministerio de Trabajo se desarrolló la primera audiencia virtual entre el gremio Atilra y Lácteos Mayol, la que tuvo que trasladarse a la Sociedad Rural de Cañuelas y no se pudo desarrollar por problemas de conectividad. Por lo que agendaron otra cita para el lunes 15.  En forma paralela, los representantes legales de Mayol solicitaron 60 días para la tramitación de la causa penal por ‘amenazas’, ‘robo’ y ‘daños’, donde además de activistas sindicales, habrían participado empleados de la firma láctea ocasionando los delitos mencionados.  
En cuanto a lo planteado por Atilra, deben analizar las solicitudes laborales y afrontar algunos compromisos ante el Ministerio de Trabajo, como una multa.  
Desde la Delegación de Trabajo, dejaron trascender que esta última reunión fue positiva y se exhibía una voluntad para allanar el conflicto.  
A la semana del estallido en Lácteo Mayol y la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), el Frente Sindical Cañuelas se sumó a emitir su posición. Y lo hizo a través de un comunicado en las redes sociales y medios.
 Luego vinieron representantes empresarios y el Gobierno provincial, con su cartera agrícola.  
Un sector de empresarios bonaerenses salió a cuestionar las tomas en fábrica y a repudiar los bloqueos sindicales que “no permiten desarrollar la actividad productiva y garantizar el correcto funcionamiento de las plantas”, emitieron desde la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (Cepba), tras la toma de Mayol en Gobernador Udaondo y un parque industrial en Vicente López. Por otro lado, el Ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, planteó que actuará y buscará una solución.  
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense Javier Rodríguez, dijo: “Uno no puede decir que no van a aparecer más conflictos, pero si aparecieran casos, va a haber una Provincia activa para encontrar rápidamente la solución”, dijo durante el marco de una presentación de los anuncios que el gobierno de Axel Kicillof tiene previsto para el sector agropecuarios para el 2021.  
“No opino sobre las cuestiones de fondo, si hay un sector que tiene razón o no, pero siempre actuamos desde el primer día. Lo importante es que sepan, tanto los sectores empresarios como los sindicales, que hay una Provincia que va a estar atenta estos hechos. Nuestro camino es de diálogo para ver cuáles son los problemas y resolver el conflicto. Nos interesa siempre acercar a las partes para solucionar y que no se agrave el conflicto”, marcó el ministro provincial.  
Mediante un comunicado conjunto, desde la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (Adiba), Cepba, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), manifestaron: “Este tipo de acciones, lejos de buscar una solución a los planteos gremiales, agravan la situación de las empresas provocando pérdidas, daños a la propiedad y un ambiente de trabajo que no es propicio para el resto de los colaboradores que se encuentran desarrollando la actividad industrial”.  

Cuestionamientos locales 
El comunicado de los sindicatos Molinero, Bancario, del Plástico, UOM, Camioneros, CTEP, Carne, Ceramistas, Luz y Fuerza, AFIP, UTEDyC, Sapod y Udocba, señala que “las cámaras patronales zonales, ya sean cámaras de comercio e industria o diferentes asociaciones ruralistas, han salido públicamente a apoyar a Mayol, a criticar el accionar sindical, a tomar partido por la familia dueña del establecimiento lácteo y ponerse a su disposición ante la presión sindical que se encuentra sometida”.
“La Ley de Asociaciones Sindicales 23.551 determina que le está vedado al empleador inmiscuirse en una situación de litigio de representatividad de los trabajadores por parte de una u otra asociación sindical, lo cual podría –explicaron las asociaciones sindicales– considerarse como una práctica desleal, legalmente regulada, a pesar de la lógica repercusión que la situación pudiera ocasionar en el establecimiento”.
“La situación del párrafo anterior se refiere al supuesto en que entre dos entidades gremiales existe un debate respecto de la representación de un grupo de trabajadores, el encuadramiento gremial o sindical es el desenlace del conflicto de derecho, planteado entre dos o más entidades gremiales con personaría gremial”.
Desde los gremios expresaron: “Todo esto previsto en la ley aplicable no sucede en Mayol, en este conflicto los dueños han sido claros “pusimos a los trabajadores en otros convenios para esquivar ATILRA por caro”; que un convenio sea “caro” normalmente implica hijos de trabajadores bien comidos y una vivienda digna”.
“En nuestro país el convenio no se elige como un insumo más “buscando precio”, un trabajador en UATRE le significa al empleador 40.000 pesos de salario inicial, si está en Alimentación implica 52.000 pesos y si está en el convenio de ATILRA el salario asignado es de 74.000 pesos, esa es la discusión, por más llantos frente a cámaras y lacrimógenas declaraciones la discusión es si el trabajador merece el sueldo de su actividad o uno más “barato”, a conveniencia del empleador”.
“Las cámaras patronales y su expresión política, el PRO-Radicalismo, no tienen ese nivel de honestidad intelectual en el análisis de esta situación, su campo de acción es el caos, necesitan echar nafta en cada fueguito, ya sea en Formosa o en Udaondo, la lógica es la misma, causar violencia y caos o amplificarlos”, finalizaron.

Leandro Barni – leandrob@elciudadano.com.ar