Re-reelecciones en suspenso por la interna oficialista: apuran las sucesiones en los municipios
Mientras Axel Kicillof camina la provincia de Buenos Aires y proyecta su armado nacional sin fecha firme para sentarse a negociar con el kirchnerismo duro hasta entrado 2027, las tribus políticas de la provincia observan con inquietud una discusión de fondo que amenaza con rediseñar el mapa de poder local. Se trata del proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense para habilitar un nuevo mandato a unos 80 intendentes a los que la normativa vigente les prohíbe reelegirse.
La iniciativa, impulsada desde el bloque kicillofista a través de la senadora Ayelén Durán (MDF), cuenta con el aval explícito del gobernador. Es, en rigor, un compromiso político asumido por el propio mandatario con sus alcaldes en su intento por consolidar una tropa propia territorial. Sin embargo, en los pasillos de la Cámara Alta la matemática parlamentaria choca contra una pared: la mayoría del bloque oficialista -integrado en su mayoría por legisladores alineados con La Cámpora y el Frente Renovador, de Sergio Massa,- se niega a allanar el camino y mantiene el texto bajo llave.
Con el proyecto atrapado entre la interna del peronismo y los tiempos trazados por Kicillof, la falta de certezas judiciales y legislativas empezó a acelerar un proceso inevitable: la activación de los planes de sucesión municipal.
El ajedrez del recambio
De los 80 jefes comunales impedidos de competir en 2027, un total de 67 ocupan actualmente el sillón municipal: 41 corresponden al peronismo oficialista, 16 a la Unión Cívica Radical (UCR), 6 al Pro y 4 a espacios vecinalistas. A este grupo se suman otros nueve dirigentes que ganaron bancas legislativas en las elecciones de 2025 o renunciaron en el último año —como Jorge Ferraresi, Arnaldo Harispe, Alfredo Zavatarelli y Sergio Bordoni—, a quienes la traba legal también los alcanza.
Un puñado de alcaldes aún guarda la esperanza de una salida judicial, argumentando que durante el período 2019-2023 estuvieron menos de dos años al frente de sus distritos por haber asumido otros cargos. Pero ante la probabilidad de que la Justicia falle en contra, la respuesta política ha comenzado a recurrir a una fórmula histórica y conocida en el conurbano y el interior bonaerense: la garantía del apellido en la boleta.
El "modelo Cañuelas" y la hiperactividad de Arrieta
Uno de los casos emblemáticos de esta dinámica se despliega en Cañuelas, donde la intendenta Marisa Fassi transita su segundo mandato consecutivo. Fassi cuenta con un indiscutido caudal electoral interno que le garantizaría sin sobresaltos la candidatura en caso de un cambio normativo. Sin embargo, ante el actual cerrojo legislativo, todas las miradas apuntan a su esposo y exjefe comunal, Gustavo Arrieta, actual Parlamentario del Mercosur por la Provincia de Buenos Aires.
Si bien en el entorno de la conducción local aseguran que la definición no se apresurará y que en 2027 se evaluará una nómina de algunos nombres, en la práctica el matrimonio que conduce los destinos de la comuna desde 2007 mantiene el control absoluto de la lapicera.
Muestra de ello es la intensa agenda territorial que desplegó Arrieta en los últimos meses, mostrándose codo a codo junto a Fassi y reasumiendo un rol protagónico en el esquema político local. Con recorridas por el cordón industrial, eventos productivos e inauguraciones, el exintendente combina la gestión de proximidad con el respaldo a la gestión municipal, perfilándose de forma natural como el principal alfil para garantizar la continuidad del proyecto político familiar.