Denuncian descontrol urbanístico, subdivisiones ilegales y violencia en el barrio La Virginia
La tranquilidad habitual de la periferia de Cañuelas se vio alterada en las últimas semanas a raíz de una trama que combina la venta irregular de tierras, deficiencias de infraestructura y episodios de violencia armada. El escenario del conflicto es el barrio La Virginia, una franja semirural delimitada desde dos cuadras posteriores a la estación de servicio YPF hasta el paraje Las Tres Cruces, extendiéndose unas cinco cuadras hacia el interior de la ruta (en cercanías de la rotonda de la estación YPF y el camino a Gobernador Udaondo). La zona, formalizada mediante ordenanza municipal entre los años 2020 y 2021 a partir del cartel publicitario que le dio nombre, enfrenta hoy un preocupante deterioro en su esquema de ordenamiento urbano, como señalan algunos vecinos de esa zona.
El origen de la problemática se remonta al trazado dominial de los años 1968 y 1970, época en la que se constituyeron parcelas de grandes dimensiones destinadas al uso semirural. De acuerdo con la normativa vigente en la comuna, la unidad mínima de subdivisión en este sector es de media hectárea. Sin embargo, el paso de las décadas, la despoblación inicial y el fallecimiento de muchos de los propietarios originarios propiciaron la proliferación de maniobras fraudulentas. Personas ajenas al lugar, mediante el acceso opaco a datos de titularidad, comenzaron a fraccionar de manera ilegítima estas hectáreas para venderlas bajo la modalidad de boletos de compraventa apócrifos a compradores de buena fe, constituyendo así una cadena de estafas inmobiliarias que desvirtuó la trama del barrio, como describen algunos habitantes.
El punto de mayor tensión se desencadenó recientemente sobre la subdivisión 74, dos cuadras para adentro. En el lugar, cuatro individuos a bordo de una camioneta irrumpieron en un predio que contaba con una edificación inconclusa iniciada por su legítimo dueño. Tras alegar supuestos derechos hereditarios sin respaldo documental legal, los ocupantes improvisaron una casilla con lonas y tirantes de madera. A pesar de la inmediata intervención del propietario y del llamado a las fuerzas de seguridad, los sujetos permanecieron en el predio durante días.
La situación derivó en la radicación de la denuncia en la fiscalía y en reiterados episodios de amedrentamiento nocturno donde los vecinos reportaron múltiples detonaciones de armas de fuego. Si bien los ocupantes abandonaron el terreno tras la demolición de la estructura precaria, los residentes expresaron su alarma por la portación de armas a la vista y la tardanza en la respuesta del Comando de Prevención Rural, cuya base opera a escasos 500 metros del acceso principal.
A la escalada del conflicto se suma una parálisis estructural en materia de servicios públicos. Aunque los habitantes pagan las tasas municipales correspondientes, el barrio carece de red de agua potable y padece un severo déficit en el mantenimiento de caminos y tendidos eléctricos. Asimismo, la comunidad denuncia el incumplimiento sistemático de la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante para la recolección de residuos.
Ante la interrupción del camión recolector, que solía cubrir únicamente la franja sobre la ruta, los vecinos se ven forzados a acumular basura en las esquinas o recurrir a la quema de desechos, una práctica expresamente prohibida por la legislación ambiental vigente.
Frente a este panorama, los frentistas formalizaron el ingreso de un expediente por Mesa de Entradas del municipio con el objetivo de exigir la presencia directa del Poder Ejecutivo, el cese de los loteos clandestinos y la restitución del orden en el barrio, con fecha del 25 de septiembre con el número 6510.