Tensión política y cruces por la salud y la seguridad marcaron la segunda sesión del Concejo Deliberante

En una jornada atravesada por cruces políticos, cuestionamientos a políticas nacionales y problemas técnicos, el Concejo Deliberante local realizó este jueves por la tarde-noche su segunda sesión ordinaria del año. La agenda combinó planteos locales —como el estado de la infraestructura y la recolección de residuos hospitalarios, además de la inseguridad y los recursos para prevenir hechos delictivos— con discusiones de alcance nacional vinculadas a salud y asistencia social.

En este contexto, el concejal Marcelo Bernasconi (La Libertad Avanza), denunció la presencia de bolsas con materiales vinculados a residuos patológicos del Hospital municipal ‘Ángel Marzetti’, en el marco de problemas en la recolección. 

La sesión también dejó al descubierto tensiones internas en el espacio libertario. La concejala Valeria Medina, hoy al frente de un unibloque Vecinalistas Independientes, tomó la palabra para referirse a su salida de La Libertad Avanza. Agradeció los dos años de trabajo compartido, que calificó como “enriquecedores”, pero cuestionó “los modos y las formas” de su expulsión. “Doy vuelta la página. No somos todos iguales y debemos enfocarnos en resolver los problemas cotidianos de los vecinos”, afirmó.

En el bloque libertario, Patricia Rolandelli recordó cómo es la redacción de los proyectos legislativos, mientras que su par de bancada Roxana Ruffo intervino con otro tema, pero a esa altura del debate había dificultades técnicas en el audio de You Tube, que afectó tanto a oficialistas como a opositores. Luego de algunas minutos, la situación se compuso. 

El concejal Enrique “Kike” Alcoba (Fuerza Patria-PJ) elevó el tono del debate al responder a acusaciones vertidas fuera de micrófono tras la sesión anterior. Recordó que su espacio fue tildado de “facho” por libertarios y replicó con críticas al Gobierno nacional, al que atribuyó prácticas de “represión y violencia institucional”. También cuestionó el protocolo de seguridad y el impacto de las políticas en sectores vulnerables.

Desde el oficialismo local, Fernando Abdo cruzó a La Libertad Avanza por la situación de obras en la Ruta 205 y la colectora de la Autopista, en cercanías del barrio Belgrano. Negó la presencia sostenida de maquinaria y aseguró que el camino “está intransitable”, lo que obliga a los vecinos a circular por la banquina. “Nos mintieron. Sacaron una foto con máquinas y se fueron”, sostuvo.

A los proyectos
El debate por la salud ocupó un lugar central. Un proyecto de resolución impulsado por Alcoba expresó preocupación por la interrupción del programa Incluir Salud, al que consideró clave para sectores vulnerables. La radical Claudia Pelereteguy acompañó la iniciativa pese a evitar, según aclaró, la “nacionalización” del debate en el ámbito local. La propuesta fue aprobada por unanimidad, al igual que otros expedientes vinculados a la situación sanitaria.

En la misma línea, Pablo Domínguez (FP-PJ) impulsó otra iniciativa para exigir la regularización de pagos a instituciones y transportistas vinculados a la discapacidad. Señaló que en Cañuelas funcionan tres entidades que asisten a más de 170 personas y advirtió sobre una situación crítica por deudas acumuladas desde octubre. Incluso propuso declarar la emergencia del sector. Pelereteguy acompañó el planteo y remarcó que la problemática atraviesa a todos los gobiernos.

Otro de los ejes fue el impacto de la discontinuidad del programa Remediar. Desde el oficialismo se advirtió una fuerte reducción en la provisión de medicamentos esenciales en las unidades sanitarias. Rolandelli, en tanto, cuestionó el funcionamiento histórico del programa, lo que generó reacciones en el recinto y aplausos desde el público, obligando a la presidencia a pedir orden.

En ese contexto, Sandra Cardozo, presidenta del bloque oficialista, recordó que se trata de un programa de financiamiento nacional y apuntó contra la falta de transferencias de fondos. Abdo, por su parte, subrayó el aumento de la demanda en el sistema de salud local, que atribuyó a la crisis económica y a las dificultades en el acceso a prepagas y PAMI.

La sesión incluyó además reclamos a la empresa Edesur por obras de infraestructura, aprobados por unanimidad, y un debate sobre el cierre del programa Volver al Trabajo, que derivó en fuertes críticas del oficialismo al impacto del ajuste sobre el empleo.

La concejala Valeria Ríos presentó un proyecto de resolución para expresar preocupación por el presunto otorgamiento de créditos hipotecarios a funcionarios y legisladores del gobierno de Javier Milei. Contra lo que se preveía, el bloque de La Libertad Avanza acompañó la iniciativa, al sostener que el acceso a la vivienda es un derecho que debe garantizarse a los ciudadanos. Fue aprobado por todos los bloques. 

No obstante, los ediles libertarios aclararon que, hasta el momento, no advierten la existencia de delitos comprobados en los casos difundidos públicamente. “Que vaya preso quien tenga que ir”, señalaron, al tiempo que rechazaron “una mirada sesgada” sobre un sector del gobierno y remarcaron la necesidad de contemplar también responsabilidades de gestiones kirchneristas.

En el plano político, el oficialismo presentó un proyecto para expresar beneplácito por un reciente fallo judicial vinculado a YPF. Desde La Libertad Avanza, Matías Delgado rechazó la iniciativa al considerar que el litigio tuvo consecuencias negativas para la seguridad jurídica del país y sostuvo que el fallo representa “la corrección de un abuso”. El expediente fue aprobado únicamente con los votos del oficialismo.

En ese contexto, la radical Claudia Pelereteguy impulsó un proyecto de resolución para mejorar la calle Pellegrini, entre Alem y Ruta 3, un corredor clave con alta circulación de peatones, ciclistas y transporte pesado, donde funcionan escuelas e instituciones educativas. La edil advirtió sobre la falta de condiciones seguras y propuso la construcción de una bicisenda para fortalecer la conectividad y la seguridad vial. Desde el oficialismo, Fernando Abdo consideró “razonable” la iniciativa, aunque planteó que debía ser perfeccionada en la Comisión de Obras Públicas, con intervención técnica y evaluación presupuestaria. Pelereteguy aceptó la sugerencia.

Otro planteo del radicalismo apuntó a la situación del predio de la pileta Santa Marta. Se solicitó un informe al Consejo Escolar ante la falta de definición legal sobre su uso, con el objetivo de garantizar un espacio propio para las alumnas del CEF N° 53, que actualmente comparten instalaciones en el casco urbano. El expediente administrativo, abierto en la Dirección General de Escuelas, no registra avances. El pedido fue aprobado por unanimidad.

La sesión también incluyó debates en materia de seguridad. El concejal Bautista Augusto (La Libertad Avanza) pidió intensificar patrullajes y sumar cámaras en Alejandro Petión. Abdo respondió que se trataba de “una operación política” y enumeró recursos municipales destinados al área, además de cuestionar el tratamiento del pedido que, según afirmó, ya fueron respondidos. El tema derivó en su pase a comisión.

En la misma línea, un pedido de informes sobre la posta policial de Vicente Casares —que, según la oposición, no funciona— generó un fuerte cruce. Augusto denunció falta de respuestas y creciente inseguridad, mientras que Abdo replicó que la información requerida ya fue brindada en instancias formales y cuestionó el uso político del tema. La iniciativa fue girada a la Comisión de Legislación y Reglamento con el rechazo libertario.

Con intervenciones constantes desde el público —que motivaron llamados al orden— y diferencias marcadas entre los bloques, la jornada volvió a reflejar un escenario político local atravesado por la agenda nacional, en el que las cuestiones sanitarias y sociales, como la seguridad, se consolidan como eje de disputa. El encuentro se extendió hasta las 23.45 hs.