El Gobierno advierte que el Presupuesto aprobado no le sirve porque "obliga a gobernar con déficit"

La media sanción al Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados resultó una victoria pírrica para el Gobierno. El resultado dejó un escenario de alta incertidumbre política: el Ejecutivo considera que el texto aprobado “no sirve” porque vulnera el principio de déficit cero que constituye uno de los ejes centrales de su programa económico.

La Libertad Avanza consiguió aprobar el proyecto en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y el resto abstenciones, en lo que significó el debut exitoso del oficialismo en la media sanción de un presupuesto nacional. No obstante, en la votación en particular se cayó el Capítulo XI -el corazón del proyecto. que incluía la derogación de leyes que el Gobierno considera incompatibles con el superávit fiscal, como la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario.

Déficit cero

“Vulnera el déficit cero que justamente queríamos construir con este Presupuesto”, afirmó una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo en la madrugada posterior a la sesión. En la Casa Rosada sostienen que, sin ese capítulo, el Presidente quedaría forzado a administrar un presupuesto con obligaciones de gasto que ponen en riesgo el superávit primario, algo que el oficialismo considera inaceptable desde el punto de vista económico y político.

Para el Gobierno, el debate excede lo técnico o reglamentario y se inscribe en una disputa de fondo: déficit versus superávit, pasado versus un nuevo esquema de responsabilidad fiscal. Las dos leyes que el Congreso decidió mantener vigentes, recuerdan en Balcarce 50, fueron aprobadas por amplias mayorías, vetadas por Milei y luego restituidas por insistencia parlamentaria. “Solo Discapacidad son cinco puntos del PBI”, repiten en despachos oficiales.

Una nueva estrategia legislativa

La derrota del artículo 75, que concentraba esas derogaciones, obligó al oficialismo a recalcular su estrategia legislativa. Una opción que se analizaba era demorar el envío del proyecto al Senado y priorizar el tratamiento de la Modernización Laboral. Otra alternativa era modificar la redacción y volver a incluir el Capítulo XI, lo que implicaría que el texto regrese a Diputados, aunque el Gobierno reconoce que no tiene los votos para insistir. En las últimas horas, la posibilidad de vetar el Presupuesto completo comenzó a ganar terreno.

Mientras tanto, el Ejecutivo continúa sin aplicar los fondos previstos en las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario, amparándose en que no cuentan con partidas asignadas. “Si se aprueba la ley, ya no hay excusas”, advierten desde la oposición. En el oficialismo, en cambio, coinciden en que es preferible sostener un manejo discrecional del gasto en 2026. “Guberman va a tener que seguir armando el Excel”, ironizaban cerca del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

La administración Milei ya hizo historia al prorrogar dos veces consecutivas un presupuesto nacional: durante 2024 y 2025 rigió el texto elaborado para 2023. Esa herramienta le permitió avanzar con el ajuste fiscal sin el corset de una nueva Ley de Leyes. Este año, sin embargo, el Gobierno sí buscaba previsibilidad, presionado por los gobernadores y por el Fondo Monetario Internacional.

La caída del capítulo clave

La caída del Capítulo XI se resolvió por 117 votos a favor, 123 en contra y dos abstenciones, tras una estrategia fallida del oficialismo de forzar una votación por capítulos para blindar el artículo 75. Varios gobernadores de la oposición dialoguista habían anticipado su rechazo, entre ellos Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz, pese a haber recibido importantes sumas en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Más sorpresivo fue el cambio de postura de Rolando Figueroa, Gustavo Valdés y Leandro Zdero, este último aliado electoral de La Libertad Avanza.

También generó ruido interno la abstención del diputado entrerriano Darío Schneider y las dificultades de la UCR para retener a su propio bloque, lo que desató críticas a su conducción. En paralelo, quedó sin efecto un paquete de modificaciones incorporadas en el Capítulo XI, entre ellas la restricción al régimen de zona fría, cambios en la actualización de asignaciones sociales y el cumplimiento de fallos de la Corte Suprema por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

La oposición celebró la caída del capítulo más polémico y denunció una maniobra de “extorsión”. “Quienes votaran a favor del artículo 75 estarían violando la ley de administración financiera”, acusó Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, habló de una “perversidad” para condicionar al Congreso y a la Justicia. Desde el oficialismo, Silvana Giudici rechazó las acusaciones y pidió “dejar de hacer terrorismo”.

En el cierre de una jornada cargada, la Cámara de Diputados también aprobó la designación de tres integrantes de la Auditoría General de la Nación, con una amplia mayoría. Pero el dato político central quedó claro: el Presupuesto 2026 avanzó, aunque con un texto que el propio Gobierno pone en duda.