Instituciones y familias reclamaron por la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad
En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, organizaciones, centros de día y hospitales montaron stands para visibilizar su trabajo y denunciar la crítica situación del sector. Fue en una feria en la Plaza San Martín.
Con puestos repletos de producciones textiles, artesanías, alimentos y muestras de talleres terapéuticos, distintas instituciones de la región participaron el miércoles 3 de una feria en la plaza San Martín, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La actividad, organizada por tercera vez por el Centro de Día Amigos Siempre Amigos, ubicado sobre la ruta 3, sumó en esta edición a la Feria de Mujeres Emprendedoras y contó con la presencia de equipos del hospital especializado Dardo Rocha, de Uribelarrea, además de familias, docentes y profesionales de la discapacidad. También contó con la visita de la intendenta Marisa Fassi y el Coordinador de Relaciones con la Comunidad, Enrique Alcoba.
“La emergencia está documentada y la realidad no puede esperar”
Entre los referentes locales, Alex Goldman, presidente de la Fundación IPNA —institución con sede en Alejandro Petión y en la Ciudad de Buenos Aires— y miembro del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), expresó una dura crítica al Poder Ejecutivo Nacional por no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada este año.
“Este 3 de diciembre nos encuentra atravesando un problema crítico. La falta de aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad no solo desconoce un consenso político y técnico fundamental, sino que agrava una crisis que ya arrastraba consecuencias devastadoras”, afirmó.
Goldman detalló que los atrasos en los pagos superan los 120 días y que los aranceles se mantienen “un 50% por debajo de los costos reales”, situación que llevó a cientos de prestadores a abandonar la actividad, dejando a miles de personas sin terapias esenciales y a profesionales sin fuente laboral.
“Un terapista, un psicólogo, un psicomotricista o un kinesiólogo hoy recibe $12.000 por sesión. Un transportista, apenas $540 por kilómetro. Un trabajador de un taller protegido percibe $28.000 mensuales. Son cifras que hacen imposible sostener equipos, cubrir insumos básicos o mantener vehículos adaptados”, advirtió.
En ese marco, el dirigente señaló que mientras el Gobierno argumenta que aplicar la Ley de Emergencia “afectaría el equilibrio fiscal”, la gestión de Diego Spagnuolo al frente de la ANDIS es investigada por un presunto esquema de sobrefacturación con laboratorios, lo que —según sostuvo— evidencia que “los fondos están, pero en el lugar equivocado”.
Una feria con producción, acompañamiento y reclamo
El evento en la plaza San Martín se desarrolló hasta media tarde y reunió a talleres protegidos, centros de día y prestadores independientes, que mostraron al público las actividades que realizan a diario: desde la elaboración de panificados y dulces hasta la producción textil, cerámica y trabajos de huerta.
Las familias también participaron con carteles y folletos informativos para visibilizar la importancia de que se garantice el acceso a terapias, transporte adaptado y espacios de inclusión laboral.
El Centro de Día Amigos Siempre Amigos, organizador de la jornada, destacó que la feria se convirtió en un espacio de referencia para mostrar la potencia del trabajo institucional colectivo y, al mismo tiempo, para exponer las dificultades que atraviesan quienes acompañan a personas con discapacidad.
“La Ley de Emergencia en Discapacidad no es un reclamo sectorial. Es una herramienta imprescindible para ordenar el financiamiento, garantizar la continuidad de tratamientos y evitar que más instituciones cierren sus puertas. La emergencia golpea todos los días; lo que falta es voluntad política para asumirla y actuar. Suspender una ley no suspende la realidad”, destacó Goldman.
La feria de la plaza San Martín, como en ediciones anteriores, buscó celebrar la inclusión, pero también poner en primer plano una urgencia que las organizaciones consideran impostergable.
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