Ratificaron las condenas por el crimen de Mirta Barcia y queda pendiente el juicio al acusado de gatillar

Después de cinco años de un proceso judicial marcado por audiencias, apelaciones y declaraciones de testigos, el caso por el homicidio de Mirta Barcia avanza hacia definiciones clave. La docente y funcionaria de la Municipalidad de Cañuelas, que se desempeñaba como secretaria privada de la intendenta Marisa Fassi y era reconocida por su trabajo en folclore, fue asesinada la noche del 8 de septiembre de 2020 al salir de la casa de su hermana, en la calle Vicente Casares, en inmediaciones del Molino Cañuelas. Durante un intento de robo de su teléfono celular, recibió al menos un disparo que terminó con su vida.

El Tribunal Criminal Nº 5 de La Plata condenó a Leonardo Ezequiel Quinteros, de 32 años, a 15 años de prisión efectiva tras aceptar un juicio abreviado. Quinteros participó activamente del robo, intimidando a las víctimas, aunque no efectuó el disparo fatal, y apuntó en su declaración a Juan Pedro Corvalán como autor del crimen.

Alan Gabriel Arrieta Mosbach, de 23 años, recibió una pena de 2 años y 6 meses en suspenso por encubrimiento agravado, tras admitir que intentó vender el teléfono robado de Barcia, hallado en su poder con la tarjeta SIM original. La condena de Arrieta Mosbach se considerará “no pronunciada” si no comete nuevos delitos en los próximos cuatro años.

La sentencia se volvió firme el 23 de octubre de 2025, tras no presentarse recursos de impugnación por los acusados.

El caso de Juan Pedro Corvalán, de 35 años y señalado como autor del disparo mortal, continuará bajo la modalidad de jurado popular, a pedido de su defensa. Corvalán enfrenta el cargo de homicidio criminis causa, agravado por el uso de arma de fuego y la participación de otras personas, figura penal que prevé prisión perpetua. El tribunal todavía debe fijar la fecha del debate, que se espera para el año próximo, mientras que el 17 de diciembre se revisarán los testigos que participarán del juicio.

Al momento del crimen, Corvalán cumplía prisión domiciliaria en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes. El beneficio le había sido otorgado en abril de 2020 —cinco meses antes del homicidio— por decisión del juez Martín Miguel Rizo, del Juzgado de Garantías 8 de La Plata, con asiento en Cañuelas,  en el contexto de una política provincial que dispuso la morigeración de prisiones preventivas durante la pandemia y alcanzó a una veintena de detenidos.

Las pruebas clave que sostienen la acusación incluyeron registros de cámaras de seguridad, testimonios presenciales y peritajes telefónicos que ubican a Quinteros y Corvalán en la escena del crimen. La causa fue instruida originalmente por el fiscal Lisandro Damonte de la UFI 1 y actualmente está a cargo de la fiscal de juicio Viviana Arturi, con la calificación de “homicidio criminis causa”, que castiga con máxima severidad los homicidios cometidos para encubrir otro delito, en este caso, un robo.

El crimen de Barcia generó una fuerte repercusión social y policial, movilizando a vecinos, familiares y organizaciones comunitarias que exigieron justicia y medidas de seguridad en la zona. La condena a Quinteros y Arrieta Mosbach cierra un capítulo judicial, aunque el juicio contra Corvalán representará la etapa final para establecer responsabilidades por uno de los homicidios más graves que sacudió a Cañuelas.