Sigue la controversia por las fotomultas y piden suspender las infracciones en algunos municipios
El sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires atraviesa una nueva etapa de incertidumbre judicial. La empresa Secutrans S.A., cuyo director, Leandro Camani, fue señalado en investigaciones sobre irregularidades en el sistema, presentó un pedido formal ante la Justicia para suspender las infracciones de radares en varios municipios bonaerenses, entre los cuales se incluye Cañuelas. Este planteo se produce tras un fallo clave del juez de Garantías Nº4 de La Plata, Juan Pablo Massi, que modificó el rumbo de la causa y abrió la puerta a nuevas estrategias legales que podrían desestabilizar el negocio de las fotomultas.
El sistema de radares y cinemómetros, que lleva años siendo utilizado para controlar el exceso de velocidad y otras infracciones de tránsito en las rutas y calles de la provincia, está bajo sospecha por presuntas maniobras irregulares que involucran a varias empresas del sector. Secutrans, una de las firmas involucradas, solicita la suspensión de las infracciones en siete distritos, entre los cuales se encuentran La Plata, Tres Arroyos, San Miguel, Almirante Brown, Cañuelas, San Vicente y Presidente Perón. Estos municipios, que son algunos de los principales puntos de operación de las compañías del negocio, se verían directamente afectados si la solicitud prospera.
La controversia en Cañuelas toma relevancia, ya que en este municipio se habían registrado serios problemas con la señalización de la Ruta 205, lo que llevó al Ministerio de Transporte de la provincia a anular todas las fotomultas emitidas entre el 1 de marzo y el 15 de julio de 2023, precisamente en la jurisdicción de Cañuelas. Este episodio puso en evidencia las fallas del sistema y alimentó las sospechas de una gestión irregular en la instalación y operación de los radares.
La solicitud de Secutrans llega en un contexto judicial tenso, tras la resolución dictada por el juez Massi, que modificó el enfoque de la causa y permitió a la empresa avanzar contra el sistema de fotomultas, acusando a sus competidores, especialmente a TNG, de operar de manera ilegal en varios distritos. TNG, que está en el centro de la investigación por presuntas maniobras ilegales, enfrenta acusaciones graves, incluyendo la utilización sin autorización de equipamiento ajeno y la connivencia con funcionarios del Ministerio de Transporte bajo la gestión de Jorge D’Onofrio. El presidente de TNG, Alejandro Enrique Trasmonte, fue formalmente imputado por estafa y exacciones ilegales agravadas, lo que refuerza las sospechas sobre el funcionamiento de la red de fotomultas.
En este escenario, la causa judicial podría abrir la puerta a un análisis más exhaustivo del sistema, que lleva más de una década operando en la provincia de Buenos Aires. Si la solicitud presentada por Secutrans tiene éxito, el sistema de fotomultas podría entrar en una fase de revisión, que no solo afectaría a las empresas involucradas, sino también a los municipios que dependen de las multas para financiar sus operaciones.