Debate cruzado y tensiones en la reanudación del Concejo Deliberante de Cañuelas

Después del escándalo y la suspensión del jueves, el Concejo Deliberante volvió a sesionar. Y otra vez hubo tensión.

El inicio estuvo marcado por la figura del presidente de la bancada de La Libertad Avanza, Juan Bautista Augusto, quien retomó sus críticas al último gobierno de Alberto Fernández y, como es habitual, dirigió cuestionamientos al Partido Justicialista. El presidente del cuerpo, Maximiliano Mazzanti, pidió explícitamente no hacer referencias a la sesión anterior: “No hablar ni juzgar lo pasado”, planteó, cuando el jefe del bloque PRO, Darío Morena, intentaba recordarlo en una cuestión de privilegio. Morena, en cambio, optó por saludar y felicitar a todas las listas que compitieron en las últimas elecciones.

La primera polémica de la noche vino de la mano de la concejala Marga Puente (Unión por la Patria), quien presentó un proyecto de resolución solicitando al gobierno nacional y a la SIGEN una auditoría sobre presuntos sobreprecios en la compra de medicamentos en el PAMI. La edil remarcó que lo más grave es la provisión de pañales de baja calidad, importados de Brasil y distribuidos por una empresa vinculada con el poder, que habrían sido adquiridos en una licitación “acomodada”.

El concejal Roberto Sánchez (La Fuerza del Cambio-PRO) coincidió en la necesidad de transparencia: “Se trata de dar dignidad a los que más lo necesitan. Debemos saber cómo se destinan los recursos”. La radical Emma Corbalán celebró que la preocupación por los fondos públicos surgiera incluso del bloque oficialista: “No se pueden malversar los fondos”.

Augusto, con tono irónico, sumó: “Que el kirchnerismo hable de transparencia es un poema. No hay que ser hipócritas”. Sin embargo, anticipó el acompañamiento al proyecto y reiteró el reclamo de implementar un Boletín Oficial. Morena también se sumó al respaldo. Finalmente, la resolución fue aprobada por unanimidad.

Otro proyecto de resolución, impulsado por el titular del bloque oficialista, Juan Ángel Cruz, apuntó al plano nacional: un repudio al veto de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria. “El oficialismo tiene los ojos puestos en la Nación, mientras los problemas locales esperan”, deslizaron desde la oposición.

La iniciativa fue aprobada con apoyo de todos los bloques, excepto La Libertad Avanza, que votó en contra.

Los reclamos locales también se colaron en el debate. La radical Emma Corbalán exigió medidas urgentes por los desbordes cloacales en cierto sector del barrio Morgante, con pérdidas constantes en calles y veredas que afectan incluso el interior de viviendas. Según relató, ABSA argumentó una falta de infraestructura en ese barrio para resolver el problema. El pedido fue aprobado por unanimidad.

En materia de salud, Natalia Blasco (La Fuerza del Cambio-PRO) presentó un proyecto de resolución para implementar en octubre un programa de diagnóstico temprano de patologías mamarias. “Hace años que insisto en este tema, más allá de las chicanas políticas necesitamos un discurso unificado”, señaló. El oficialista Alejandro Cid Menna aclaró que campañas como las del Rotary y los hospitales locales ya vienen desarrollándose, pero acompañó la propuesta. La resolución también fue aprobada de manera unánime.

Uno de los momentos más tensos se produjo con el pedido de información presupuestaria desde enero realizado por el libertario Augusto. “Sin datos actualizados, hay opacidad. Esta gestión está entre las peores en índices de transparencia”, lanzó, exigiendo reportes trimestrales.

Desde el oficialismo, Diana Barcia replicó que el control está garantizado por el Tribunal de Cuentas provincial y que el Ejecutivo rendirá cuentas “en los tiempos que corresponden”. El radical Leonardo Iturmendi recordó que la ley obliga a rendiciones trimestrales y destacó que sería saludable que el Concejo reciba informes periódicos, el cual es sin costos adicionales.

El oficialista Cruz defendió el actual esquema de controles y se negó a acompañar. Morena (PRO), en cambio, apoyó la propuesta: “Lo que sea control y transparencia debe respaldarse”. Finalmente, el proyecto fue rechazado por el bloque oficialista, aunque la oposición en pleno lo votó a favor.

La sesión mostró un patrón claro: los debates locales se entrelazaron con denuncias y posiciones frente a temas nacionales. Desde las compras del PAMI hasta el financiamiento universitario y la transparencia presupuestaria municipal, cada discusión estuvo cruzada por la disputa política mayor.

El libertario Augusto volvió a ser el protagonista de los cruces más ásperos, aunque su bloque quedó aislado en la votación sobre universidades. El oficialismo buscó blindar la gestión local, mientras radicales y macristas insistieron en los controles y en la agenda de servicios básicos.

La novena sesión, reanudada tras el escándalo del jueves, se extendió durante más de dos horas y cuarenta minutos y finalizó a las 22.12, dejando en evidencia que el Concejo de Cañuelas no escapa a la lógica de la política nacional ni a la creciente tensión entre oficialismo y oposición.