El massismo con Ayelén Rasquetti apura una ley en Provincia que busca ponerle un freno a los aumentos de las petroleras

La Legislatura bonaerense comenzó a discutir un proyecto de ley que busca anticipar y transparentar los aumentos en los combustibles. La iniciativa, presentada por la diputada de Fuerza Patria, Ayelén Rasquetti, plantea que todas las empresas productoras, abastecedoras y expendedoras tengan la obligación de notificar con al menos 72 horas de anticipación cualquier cambio en los precios de naftas, gasoil y GNC.

“En la Provincia no respondemos a los mandados de los Bulgheroni como Milei. Los aumentos sorpresivos, de la noche a la mañana, afectan al trabajador, al comerciante, a quien utiliza el auto como herramienta de trabajo para llegar a fin de mes”, sostuvo Rasquetti en la presentación. La diputada oriunda de Cañuelas subrayó que el proyecto “viene a poner orden donde hoy hay especulación”.

La norma no se limita a imponer la notificación previa: también establece que las estaciones de servicio deberán difundir los aumentos con 48 horas de antelación mediante cartelería visible en la playa de expendio, surtidores y canales digitales oficiales. El objetivo, remarcan los fundamentos, es dar previsibilidad a la ciudadanía y garantizar herramientas de control al Estado.

El proyecto contempla un esquema de sanciones económicas severas. Las petroleras que incumplan podrían recibir multas equivalentes al valor de entre 5.000 y 150.000 litros de nafta súper, además de la suspensión de la habilitación en casos de reincidencia. Las estaciones de servicio, en tanto, enfrentarían penalizaciones de entre 100 y 500 litros, junto con clausuras preventivas si repiten la falta. Una innovación clave es que las multas se fijan en litros, lo que asegura su actualización automática frente a la inflación.

Según Rasquetti, “las petroleras dolarizaron el precio y en un año lo triplicaron frente a la inflación. Mientras algunos defienden el mercado sin reglas, nosotros defendemos a los consumidores, que no pueden seguir siendo la variable de ajuste de los grandes operadores del rubro”.

En los fundamentos del texto se recuerda que la derogación a nivel nacional de la obligación de informar aumentos generó un vacío normativo que impacta directamente en los usuarios. Por eso, la propuesta provincial busca recuperar atribuciones en defensa de los consumidores, apoyándose en la Constitución Nacional, en la Ley 26.197 (“Ley Corta de Hidrocarburos”) y en fallos de la Corte Suprema que ratificaron tanto la titularidad provincial sobre los recursos naturales como el carácter colectivo del derecho a la información.

La diputada enfatizó que “el combustible no es un lujo. Es una necesidad básica que impacta directamente en los precios de todo lo demás. Por eso proponemos una herramienta concreta para controlar, anticipar y actuar frente a los aumentos injustificados”.

La provincia de Buenos Aires concentra unas 1.880 estaciones de servicio, la mayor cantidad del país, lo que hace aún más estratégico este tipo de regulación. De aprobarse, la ley entrará en vigencia a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial. Será el Poder Ejecutivo provincial quien determine la autoridad de aplicación, con facultades para celebrar convenios con municipios a fin de fiscalizar el cumplimiento.

En el cierre de la presentación, Rasquetti enmarcó el proyecto en una agenda más amplia de recuperación del rol estatal: “Queremos un Estado regulador, protector y garante de derechos. Los bonaerenses no tenemos que ser rehenes de las decisiones de cuatro empresarios petroleros que suben los combustibles saqueando la economía de cada familia”.