La condena a CFK y la Corte Suprema de Justicia encendieron el debate en el Concejo Deliberante

Con algunos minutos de demora, y una banca aún vacía, pasadas las 19.50 de este jueves se dio inicio a la quinta sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Cañuelas. La jornada legislativa comenzó con una modificación en su integración: María Alejandra Ruiz asumió en reemplazo de la vecinalista Valeria Medina del bloque de La Libertad Avanza, mientras que el secretario del HCD, Guillermo Proh, se encuentra con licencia y fue sustituido por Damián Olaechea. El concejal del PRO, Santiago Mac Goey, llegó más tarde de lo previsto,

En el arranque, la cuestión de privilegio volvió a poner en el centro del debate al panorama político provincial. El concejal libertario Juan Bautista Augusto alzó la voz para rechazar con dureza la media sanción aprobada en el Senado bonaerense que habilita la reelección indefinida de legisladores y funcionarios. "Es una ley retrógrada y nefasta", sentenció.

Desde el bloque oficialista, Flavia Guardia (Unión por la Patria) trajo a colación la reciente sentencia condenatoria contra Rodolfo Pablo Sánchez por la muerte de Alex Campo, el adolescente de 16 años del barrio Guzzetti atropellado por una camioneta en un campo. “Justicia a medias no es justicia. Justicia por Alex Campo”, reclamó la edil. En las bancas de su espacio se desplegaron carteles con la consigna “Cristina inocente, la queremos libre”, en celeste y blanco, reforzando el mensaje político del bloque.

La sesión se tornó aún más áspera cuando Margarita Puentes, integrante de Unión por la Patria, cuestionó la falta de respuestas del PAMI local en relación a la entrega de pañales para los afiliados. En particular, apuntó contra la titular de la oficina local, Carolina Torrilla, quien había sido citada por el Concejo Deliberabte, pero no compareció hasta la fecha.

El presidente del HCD, Maximiliano Mazzanti, no dejó pasar la oportunidad para cuestionar la interpretación que hacía Cristian Pérez Armari de la cuestión de privilegio. Fue entonces que sobre la marcha el edil radical destacó que había presentado proyectos como el del puente de Vicente Casares, sobre el cual “no se ejecutó nada de lo votado”. También se refirió al deterioro de la Ruta 205, donde “no hay mantenimiento, faltan luminarias, cartelería, y las responsabilidades se siguen pasando entre Nación y Provincia”.

“Se está perdiendo el prestigio del Concejo. Se reiteran cosas ya elaboradas o se inventan cosas que no responden a las urgencias reales de la gente”, advirtió Pérez Armari.

En otro pasaje antes de los proyectos, lo protagonizó Alejandra Ruiz, quien denunció las condiciones deplorables del corralón municipal ubicado en Pellegrini y Salta. “Es horrible y denigrante. Los baños están desmantelados, no hay agua, no hay artefactos. Da vergüenza y lástima. Una tiene que hacer pis parada y llevar productos de desinfección”, relató sin filtros, remarcando que el reclamo ya había sido presentado, pero sigue sin haber mejoras.

CFK y la Corte Suprema

La sesión fue envuelta en un clima de alta tensión política, luego de que el bloque oficialista de Unión por la Patria presentara un proyecto para repudiar lo que consideran una proscripción contra Cristina Fernández de Kirchner y declarar “personas no gratas” en el distrito a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El planteo, motorizado por la concejala Margarita Puentes, encendió el debate: “La ex presidenta es inocente y víctima de una persecución mediática y judicial. La quieren proscripta. Sin ser candidata, sigue siendo la figura política más importante del país”, afirmó al fundamentar la iniciativa.

Las primeras respuestas desde la oposición no se hicieron esperar. Pérez Armari, de la UCR, fue tajante: “No entiendo el concepto de proscripción política. Cristina fue condenada, y nosotros no somos quiénes para declarar quién es grato o no en un distrito. Vivimos en una república con tres poderes, y debemos ser respetuosos de un fallo judicial. No podemos acompañar este tipo de cosas”.

Aunque reconoció la trayectoria política de la ex mandataria, advirtió que el Concejo no puede convertirse en una tribuna partidaria: “Hay que poner convicción y huevos en la calle, sí, pero no puedo salir a poner el pecho en Cañuelas por lo que acá se dice. No todo lo que se grita es verdad”.

El libertario Juan Bautista Augusto también se sumó al rechazo: “Cristina Fernández fue condenada por corrupción en la obra pública. Todos los procesos judiciales se cumplieron. Esto de usar el Concejo para emitir pronunciamientos que no reflejan a toda la comunidad es inaceptable. Más de la mitad de los vecinos de Cañuelas no votó a Unión por la Patria. ¿Con qué legitimidad hablan en nombre de todos?”.

Augusto calificó la propuesta de “ridícula” y defendió a los integrantes del máximo tribunal del país: “Manifiesto mi más absoluto rechazo a este proyecto y al señalamiento hacia la Corte Suprema. Se está sobreactuando y desnaturalizando la función institucional de este cuerpo.”

Desde el bloque de La Fuerza para el Cambio (PRO), Natalia Blasco expresó su “preocupación” por lo que consideró una maniobra política peligrosa. “Este tipo de proyectos son irresponsables, sin sustento jurídico ni institucional. La Corte solo ratificó un fallo tras un proceso judicial en el que se estableció la culpabilidad de la ex presidenta por uno de los mayores casos de corrupción de la historia argentina”, sostuvo.

Blasco insistió en que “el delito fue cometido durante su gestión como funcionaria pública”, y agregó: “Quieren instalar el discurso de la proscripción como una manipulación discursiva. Acá debemos respetar la división de poderes. Somos parte de la democracia, pero desde el Concejo no nos corresponde dirimir causas judiciales. Nuestra responsabilidad es legislar y controlar al Ejecutivo local.”

La discusión escaló a lo largo de la sesión, con posiciones cada vez más polarizadas entre oficialismo y oposición. Juan Ángel Cruz, presidente del bloque UxP, defendió la iniciativa con argumentos políticos e históricos: “El origen de esta causa judicial es un funcionario del gobierno de Mauricio Macri. Se preparó un caldo de cultivo para que, cuando se necesitara, apareciera la frutilla del postre. Las obras se hicieron, se pagó lo acordado, y así lo dijeron los peritos. Los jefes de gabinete negaron haber recibido beneficio alguno. Se trata de una proscripción: no se le permite ser candidata y se le niega un juicio justo”.

Mientras Cruz hablaba, a las 21:39, finalmente tomó su banca el concejal Mac Goey, ausente hasta ese momento. Fue entonces cuando Darío Morena, presidente del bloque PRO, reafirmó su rechazo a los proyectos: “Si todas las instancias judiciales coincidieron en una sentencia, no podemos dudar de ella. Acá no hubo proscripción, hubo corrupción. Y tratar de persona no grata a los jueces de la Corte es un exceso”.

La votación del primer proyecto, el que denunciaba la proscripción, se produjo recién a las 21:52, luego de casi dos horas de debate. El resultado fue un empate: 9 votos a favor y 9 en contra. Fue el presidente del cuerpo, Maximiliano Mazzanti, quien tuvo que desempatar. Votó afirmativamente y así se aprobó el primer proyecto.

Minutos después, el proyecto para declarar “personas no gratas” a los jueces de la Corte Suprema corrió la misma suerte: empate en la votación y desempate a manos de Mazzanti, quien nuevamente inclinó la balanza a favor del oficialismo.

Lejos de apagarse, las tensiones se reavivaron con la presentación de un proyecto del PRO para repudiar los actos vandálicos registrados tras el fallo de la Corte. Morena advirtió que “estos hechos, si no se condenan, escalan en su nivel de violencia. El punto es exigir el repudio de los líderes de cada espacio político, especialmente del PJ”.

Desde el oficialismo, Malena Reimer pidió ampliar la mirada: “Si vamos a repudiar la violencia, hagámoslo con todos los hechos. La violencia no solo es física; también es verbal y simbólica. Nadie quiere que esto escale. Pero parcializar el repudio es, en sí mismo, una forma de violencia. Se menciona el ataque a (José Luis) Espert en su casa, pero nadie habla de lo que él mismo dijo en una universidad. Si vamos a tratar este tema, hagámoslo en serio”. Su moción fue acompañada por el bloque oficialista, que logró que el tema se gire a comisión de Legislación y Reglamento.

Emma Corbalán, desde la UCR, también se expresó a favor del tratamiento en comisión y repudió enérgicamente los ataques a la prensa: “Vengan de donde vengan, no podemos tolerar agresiones ni silencios cómplices”.

Educación y obras

La discusión por el uso del Fondo Educativo provincial encendió otro de los focos de la sesión. En esta ocasión, el protagonismo lo tuvo el bloque de la UCR, que presentó un proyecto de comunicación solicitando información detallada sobre la ejecución de los recursos transferidos en el ejercicio 2024.

La concejala Pelereteguy fue quien tomó la palabra para exponer los fundamentos de la iniciativa. “Todos los años reclamamos lo mismo: conocer con precisión cómo se invierte el Fondo Educativo. No solo nos interesa la educación formal, también la no formal. Pero nunca supimos exactamente el destino de esos fondos. El 12 de mayo solicité las resoluciones, pero al revisarlas observamos que solo el 12 por ciento fue utilizado en infraestructura escolar, y el resto se derivó a otros rubros”, denunció.

Pelereteguy aclaró que no están denunciando un uso ilegal de los fondos, pero sí reclamando su adecuada asignación y transparencia: “Entendemos que se trata de una emergencia y que se puede reasignar. Pero lo que pedimos es regularización y claridad. Se recibieron hasta abril algo más de 460 millones de pesos. ¿Cuánto fue efectivamente destinado a obras escolares? ¿Qué proyectos actuales o futuros están planificados con esos fondos?”, cuestionó.

La respuesta del oficialismo no tardó en llegar. Cruz recordó que “en el Consejo Escolar hay una integrante que responde a la UCR”, sugiriendo que podrían haber canalizado parte de los pedidos de información por esa vía. Además, reconoció que “hay edificios escolares muy antiguos” y señaló que actualmente “dos inspectores de infraestructura están trabajando en el relevamiento y seguimiento de obras”.

A su turno, la concejala Diana Barcia respaldó la postura oficialista y sostuvo que “el tema ya fue discutido, tratado y debatido en otras oportunidades”. En cuanto a las resoluciones y los datos técnicos, explicó que “el volumen de información es muy grande y el sistema no permite acceder con precisión a cada detalle”. No obstante, remarcó que “la rendición de cuentas fue aprobada por mayoría y el Tribunal de Cuentas no hizo observaciones”. Luego hizo un largo listado de obras con los que se usó el Fondo. Finalmente, todos votaron la iniciativa.

Edesur

Los concejales aprobaron por unanimidad un proyecto de resolución que reclama formalmente a la empresa Edesur la mejora urgente del servicio eléctrico en diversos barrios del distrito, con foco inicial en Los Pozos. La iniciativa, presentada por la concejala Emma Corbalán (UCR), evidenció la gravedad de una problemática que se repite con alarmante frecuencia en el corredor de la Ruta 3.

“El servicio es pésimo, los vecinos sufren cortes prolongados y reiterados, los cables se incendian, y la empresa no responde. Incluso se pierden días de clases en las escuelas por la falta de energía. Es una situación de abandono total”, expresó Corbalán, y advirtió que en muchas ocasiones la única forma en que Edesur reacciona es cuando hay cortes de ruta o protestas vecinales.

La concejala también alertó sobre la existencia de conexiones eléctricas ilegales y sobre el uso intensivo del servicio por parte de algunas empresas textiles en la zona, lo que también impactaría en la sobrecarga de la red. “Los vecinos de todo el corredor de la Ruta 3 necesitan inversión real para repotenciar el suministro. No pueden ser tenidos en cuenta solo cuando llegan las elecciones”, remarcó.

A su exposición se sumó la concejala Reimer, quien propuso ampliar el pedido para incluir al barrio Los Nogales y mencionó que desde el Municipio se están realizando gestiones para la instalación de grupos electrógenos en zonas críticas. También sumó a barrios como Peluffo y Santa Anita, al tiempo que la edil Rolandelli destacó que unidades sanitarias se ven seriamente afectadas: “Se pierden vacunas que requieren refrigeración constante”.

En la misma línea, otros concejales solicitaron extender el reclamo. Se incorporaron Villa Adriana, La Noria y, por propuesta de Pérez Armari, se resolvió que el pedido incluya a todo el distrito, ya que los problemas con el suministro eléctrico no son exclusivos de un sector. “Démosle el volumen que se merece. Este no es un reclamo aislado, es un problema estructural”, afirmó.

El proyecto, con todas las ampliaciones y correcciones sugeridas en el recinto, fue aprobado por la totalidad del cuerpo deliberativo.

Además, Augusto presentó un proyecto por separado, solicitando un informe detallado sobre los camiones tercerizados en el Municipio. El tema terminó en comisión de Obras Públicas por pedido de Unión por la Patria.

Hospital Marzetti 

Blasco sorprendió al interrumpir el orden del día con una noticia que generó conmoción: dio a conocer que se habría recibido una alerta sobre una mujer que estaría tapada por basura en el vertedero municipal. Según detalló, no se tiene información sobre su paradero desde la tarde, lo que encendió las alarmas y motivó pedidos urgentes de intervención.

Tras este sorpresivo episodio, el bloque de La Libertad Avanza presentó un proyecto de comunicación dirigido al hospital Ángel Marzetti. La solicitud apunta a obtener informes detallados sobre diversas áreas del centro de salud, entre ellas la asignación de turnos, disponibilidad de especialidades médicas, datos del sistema SAMO, cantidad de habitaciones y un listado actualizado del personal profesional.

“El Marzetti está bastante venido abajo. Son numerosos los reclamos que recibimos por parte de los vecinos. Casos de chicos que no son atendidos luego de horas de espera. La gente lo sufre y también los trabajadores del hospital, que hacen lo que pueden con los recursos que tienen”, manifestó Augusto.

En respuesta, desde el oficialismo, la concejala Puentes enumeró una serie de atenciones y servicios que se vienen brindando desde el hospital a la comunidad, intentando llevar algo de claridad frente a las críticas. Y luego solicitó el pase a comisión de Salud, lo cual fue votado hasta por los propios libertarios.

Cerca de la medianoche, Blasco solicitó que dos proyectos fueran girados directamente a comisión: uno relacionado con un pedido de informe sobre la Escuela Técnica y otro sobre un régimen de descuentos en las tasas municipales. Argumentó que, dada la extensión de la sesión y la falta de consenso, no se llegaría a ningún acuerdo esa noche. Por ello, propuso retirarlos del orden del día para su tratamiento posterior en ámbitos más propicios para el debate, que terminó a las 00.24.