Concejo Deliberante: solicitan un informe sobre el convenio de licitación de las cámaras de seguridad
En una breve sesión, la UCR pidió más datos sobre un tema relevante. Además, se abordaron 15 iniciativas. Se avanzó sobre la definición de "pueblo mascotero" para Uribelarrea y se elevó una propuesta para gestionar la reparación del paso a nivel de la calle Paraná, entre otras cuestiones.
La primera sesión del Concejo Deliberante del año, celebrada este jueves, tuvo la peculiaridad de que apenas duró 40 minutos. A pesar de la limitada extensión, la cita fue escenario de pequeñas decisiones e intercambios de palabras que reflejan una pacífica atmósfera política que se vive en la ciudad. Luego de casi cuatro meses, se abordaron quince iniciativas, de las cuales ocho fueron asignadas a las comisiones correspondientes, mientras el resto fue aprobado sin discusiones en el recinto.
En el marco de las iniciativas votadas, uno de los acuerdos más relevantes fue la resolución unánime de solicitar un informe de la Unión Cívica Radical (UCR) sobre el convenio y licitación de las cámaras de seguridad. Esta medida es un claro reflejo de la inquietud de los concejales por mejorar la seguridad en el distrito.
La iniciativa busca esclarecer los pormenores del funcionamiento de estos dispositivos, enmarcados en la Ordenanza 3410/20 y el convenio de colaboración entre la Municipalidad de Cañuelas y la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial.
Este convenio, aprobado en 2020, persigue objetivos como el fortalecimiento de la seguridad vial, la promoción de la convivencia urbana pacífica y la preservación del patrimonio local. Se establece, además, la creación de un Observatorio de Estadística Vial Municipal, acciones de fiscalización y gestión de infracciones, y, de manera crucial, la educación y concientización ciudadana en materia de seguridad vial.
Un punto central del acuerdo reside en la cláusula Cuarta, la cual subraya la importancia de una campaña informativa previa a la ejecución de controles y sanciones. Se enfatiza la necesidad de comunicar a la ciudadanía el plan implementado, las normas vigentes y las consecuencias de los siniestros viales. La gestión de infracciones, por su parte, exige la notificación fehaciente de las mismas a los infractores, a través de un servicio postal contratado.
La Ley 13.927, normativa provincial de referencia, especifica la utilización de instrumentos homologados para el control de velocidad y otras infracciones, así como el plazo máximo de 60 días hábiles para la notificación de las mismas. La Resolución del 7 de marzo de 2023 de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial refuerza la necesidad de campañas informativas y de concientización, asegurando la obtención de los permisos pertinentes antes de la constatación de infracciones.
Otros proyectos
Además, se aprobó la solicitud de otro informe que promueve la declaración de Uribelarrea como "pueblo mascotero", impulsado por el bloque La Fuerza del Cambio-PRO, así como un cronograma para realizar podas en el área.
La oposición también aprovechó la sesión para solicitar informes relacionados con los incendios y su control, un tema que ha cobrado relevancia en los últimos dos años. Entre las iniciativas votadas, también se incluyó una propuesta para gestionar con Ferro Sur la reparación del paso a nivel de la calle Paraná y una solicitud de informe sobre la aplicación para alertas georeferenciales acerca de microbasurales.
Sin embargo, una de las iniciativas que no prosperó fue la manifestación de repudio hacia el libro 'Cometierra', que fue distribuido por el gobierno provincial en las escuelas secundarias. En este caso, el voto del presidente del Concejo Deliberante, Maximiliano Mazzanti, fue crucial para desempatar la decisión, lo que representa un claro indicador de algunas diferencias que persisten en el ámbito legislativo.