Los hechos vergonzosos de ATE no paran. Tras el intento fallido de realizar la convocatoria en Frigocarne de Máximo Paz, ahora los administradores quisieron evadir de todo tipo de indagaciones y mudaron la administración de Yrigoyen 651 a un cuartito en Mitre 760. Y como de costumbre, le negaron el ingreso a un periodista de El Ciudadano.

Luego de la notificación de la jueza Stella Maris Marcasciano, las cabezas del gremio, con Ricardo Aristegui al mando, planearon otra huida. Claro, es que el dictamen de la justicia fue lapidario para impedir la reunión pautada en un frigorífico, que buscaba evitar la actividad de Verónica Véliz, titular de la seccional local que denunció a ‘Ricky’ por violencia de género.

Además, el expediente N° 53472 informó que Aristegui se tendrá que adecuar a la medida cautelar en un plazo de 60 días, “Deberá abstenerse de todo acto de perturbación, intimidación u hostilidad por cualquier medio a Véliz”, indica.

Después de la suspensión del martes, los secretarios iniciaron el vaciamiento de la sede y echaron manos a la obra. Como primera medida, mandaron a cargar todos los muebles y elementos de oficina. Sacaron toda la cartelería y vaciaron toda la casa en cuestión de minutos. El plan se ejecutó sin ninguna notificación hacia los afiliados, quienes se desayunaron con la noticia a través de la página de Facebook del gremio.

Por tercera vez, este medio no pudo mantener un diálogo con las empleadas administrativas, quienes deberían estar cumpliendo su trabajo en el Hospital Marzetti, per se refugian en el gremio. De Patricia Rodríguez, Silvia Amicone y Laura Ferrer se trata. Ante la visita, nadie respondió en el hall, aunque se notó movimiento en el interior.

De todas formas, el medio recorrió las adyacencias de la nueva oficina, que casualmente no tiene salida a la calle. Desde la oscuridad, ATE retomó sus actividades en un espacio diminuto en una planta alta. Apenas un sticker en una escalera hace mención al espacio destinado para el anexo sindical local.

Por lo visto, siguen en la premisa de actuar en el marco de la ilegalidad, evadiendo a la gente y evitando el contacto con la prensa.