Autorizan un programa provincial de Seguridad vial y un convenio con el Municipio

Política 03 de octubre de 2020 Por El Ciudadano
El Concejo Deliberante analizó las ventajas y desventajas del sistema por la suscripción de un programa que instrumentará la instalación de cámaras para labrar las fotomultas.
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Imagen ilustrativa.

Un programa de seguridad vial del Gobierno provincial para Cañuelas por el cual se instrumentará la instalación de cámaras para labrar las denominadas fotomultas, obligó a formular varias consideraciones y advertencias en el Concejo Deliberante durante la VIII sesión ordinaria. Se trata de un convenio entre la administración bonaerense y la local con el fin de mejorar el tránsito vehicular, como afirman desde el oficialismo.
La iniciativa aprobada el jueves último en el Concejo se presentó a instancias de experiencias del Gobierno provincial, luego de un frustrado acuerdo con la UTN.
Ahora este proyecto representa, además de implementar tecnología en la sanción de las infracciones de tránsito, la posibilidad de poner las fotomultas en las rutas, con lo que el gobierno local recaudaría un porcentaje, tanto en lo que ocurra en las calles y rutas con los infractores.
La oposición se mostró en contra del tema porque lo único que encuentra es un fin recaudatorio con las fotomultas. Para el oficialismo se trata de un plan integral que intenta resolver la problemática del tránsito vehicular y seguir evitando accidentes en el radio de Cañuelas.
Se pretende instrumentar en el distrito un sistema único de administración de infracciones de tránsito, empleando cámaras que se ubicarán en puntos fijos que servirán para fiscalizar el tránsito de las calles. A su vez, Cañuelas deberá participar a la Provincia de un porcentaje de lo recaudado en concepto de fotomultas.
Desde Juntos por el Cambio recordaron que en muchos municipios colocaron sistema de fotomultas que actuaban como verdaderos ‘cazabobos’, por dónde fueron ubicados.  Además, que hay muchos caminos con viejos problemas de mantenimiento y de seguridad.

La culpa de los medios  
Antes del debate en el Concejo se conoció que el secretario legislativo y el bloque del Frente de Todos parecen haber encontrado la respuesta de las prisiones domiciliarias que fue votada durante un proyecto de comunicación y sobre el cual se desconocía todo a nivel local. Después de más de cuatro meses, se motorizó la nota del cuerpo legislativo al Juzgado de Garantías N°8 para que informe del tema.
“Lo que me molesta es que si la comunicación interna de Juntos por el Cambio con sus concejales, no se la consideró clara, por qué no conversaron conmigo. Podría haberme sacado cualquiera duda y no hacer declaraciones en los medios, poco decorosas, falaces, desafortunadas de cómo procedí en relación al expediente en cuestión”, dijo Guilllermo Proh en un escrito, a través del presidente del bloque del Frente de Todos, Maximiliano Mazzanti. Para luego agregar: “Tampoco los portales digitales y gráficos me llamaron a la Secretaría, como tantas veces lo hacen con otros temas para escuchar la otra versión. Juntos por el Cambio se apropia de un informe no respondido del juzgado. Y cuando quien se asigna la autoría del proyecto solo pedía informe a la Procuración, el Patronato de Liberados y al DEM”.
La postura de Proh fue respaldada por el Frente de Todos. Además, el secretario lamentó que “el único objetivo fue el posicionamiento mediático”.
En el caso de los medios, siguió comentando que “las cosas las expongo acá, en el Concejo. No soy partidario de la instalación mediática para confrontar, sobre todo con cosas internas, o administrativas; no soy dueño de la verdad, pero desde mi trabajo en la secretaría he desarrollado confianza en estos años”.
“Que un hecho devenido, de acuerdo a cómo se mire, o mide, la entrega de una nota por la pandemia, de un error involuntario, y conversado con quien correspondía en primera instancia, atravesado por la acción mediática, no dañe las formas de hacer política y construir oposición”.
Como se ha publicado, el Concejo aprobó este pedido de informes en mayo, para conocer la cantidad de detenidos bajo el régimen de prisión domiciliaria, identidades, lugares de las personas sometidas a procesos penales y monitoreos. La secretaría legislativa mandó el pedido a la Procuración, desde donde respondieron (a fines de agosto) que esos datos no lo tenían. En tanto que la misma misiva debía ir al Juzgado de Garantías 8 de La Plata, con asiento en Cañuelas. Pero la nota nunca llegó a manos del magistrado, según la Secretaría del Concejo, porque el juzgado estaba cerrado por la pandemia.


Leandro Barni – [email protected]

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