Por Rodo Herrera – [email protected]

La causa que se inició en 2018 y fue un escándalo desde entonces por la repercusión mediática que generaban los allanamientos, detenciones y citaciones a declaración indagatoria impulsadas por el fallecido juez Claudio Bonadío, que tenía como prueba 8 cuadernos con anotaciones, a manera de diario íntimo, por el Sr. Oscar Centeno, ex chofer de un funcionario público. Durante el año 2019 y mientras se llevaba adelante el proceso también se conoció como algunos empresarios eran extorsionados para declarar de determinada manera para no quedar detenidos y quedar bajo la figura de “arrepentidos”

Tras el fallecimiento del juez Bonadío, el 4 de febrero de este año la causa quedo a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Inmediatamente la Cámara Federal de Casación Penal había resuelto que el caso de los “cuadernos de las coimas” y otros expedientes relacionados seguirán tramitándose “en las salas donde se encuentran radicados” y puso fin así al tironeo desatado por esas causas en el máximo tribunal de Comodoro Py. La decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Carlos Mahiques. Los integrantes de la sala III de Casación habían planeado un conflicto de competencia con la sala IV al enviarle un grupo de causas vinculadas al caso de los Cuadernos.

A fines de Junio de este año, el juez Martínez De Giorgi revocó el procesamiento por la falta de mérito a la vicepresidenta Cristina Fernández, para el ex ministro Julio De Vido; y para los ex funcionarios Roberto Baratta, José María Olazagasti y Claudio Uberti y al directivo de la empresa Techint Luis Betnaza, entre otros, vinculado al presunto pago de sobornos por parte de esa firma.
El procesamiento por el tramo vinculado a supuestos pagos ilegales de la empresa Techint fue dictado el 17 de septiembre de 2018 por el fallecido juez Bonadío. En la investigación estuvo procesado el CEO de Techint, Paolo Rocca, pero la Cámara Federal porteña revocó esa decisión.
En la causa se investiga la supuesta existencia de una asociación ilícita y el delito de cohecho, en base a los escritos plasmados en cuadernos por parte del remisero Oscar Centeno, un arrepentido en el caso y ex chofer del ex funcionario Baratta.
El tramo principal del caso, en el que está procesada la Vice presidenta junto a ex funcionarios como De Vido y empresarios, ya fue elevado a juicio oral y está a cargo del Tribunal Oral Federal 7.

Uno de los puntos a considerar es que va a ocurrir cuando la causa llegue al máximo tribunal de justicia del país, lugar donde los, hasta ahora, 5 jueces de la corte deberán fallar. Es muy posible que en esa instancia solo sean 4 de ellos los que tomen la decisión. El Juez Horacio Rosatti, comparte a uno de sus asesores con uno de los acusados y procesados en la causa. Este es Juan Carlos Lascuráin, el ex titular de la Unión Industrial Argentina. El juez y el empresario implicado tienen como asesor y consultor al ex vocero del ministerio de economía Silvio Robles. Por esta casualidad en el vínculo, el juez Rosatti debería excusarse y declararse incompetente, ya que en caso contrario incurriría en un delito gravísimo, que es el de prevaricato.